El Tribunal Colegiado de San Juan, integrado por los jueces Diógenes Damaso Mercedes, Angélica María Calderón Molina y Luis Manuel Marte Leonardo, dictó la sentencia condenatoria contra Maribel García Herrera y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, en la provincia Peravia.
El expediente detalla que García Herrera captaba a sus víctimas y las retenía en sus negocios, que operaban en San Juan y La Romana. En el caso de las venezolanas, les compraba los boletos aéreos y las buscaba en el aeropuerto.
Una vez las mujeres ingresaban a los negocios no les permitía salir libremente, manteniéndolas vigiladas para controlar que sus entradas y salidas se hicieran solo con clientes, además de cobrarles por todas las actividades sexuales que realizaban bajo su control y administración.
En el transcurso de la investigación, bajo la coordinación de la PETT y la Fiscalía de San Juan, que dirigen la procuradora de corte Yoanna Bejarán y el fiscal titular Adolfo Féliz Pérez, respectivamente, se obtuvieron pruebas con las que quedó demostrado que la encartada incurrió en trata de personas agravada, dada la multiplicidad de víctimas.
Las indagatorias del caso fueron realizadas por los fiscales Denia Rodríguez y Hitler Stalin Sánchez Mateo, mientras que la litigación estuvo a cargo de Aleika Almonte, de la PETT, quien obtuvo la condena tras establecer que la procesada violó las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 7, letra D, de la Ley 137-03, sobre Tráfico de Migrantes y Trata de Personas.
