Germán Brito resaltó que la institución que encabeza hoy se muestra comprometida con avances institucionales que evidencian una nueva manera de hacer las cosas.
“Uno de los objetivos más importantes de mi mandato ha sido impulsar una gestión operativa que fortalezca la investigación y la persecución y, al mismo tiempo, el acceso a la justicia, la atención a víctimas y el ofrecimiento de los diferentes servicios generales”, expuso.
Al acto de rendición de cuentas, celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, asistieron los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como representantes de diversos poderes del Estado y del cuerpo diplomático acreditado en el país.
La magistrada compartió la mesa principal del acto con los presidentes del Senado de la República, Eduardo Estrella; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, y del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo.
La procuradora general presentó un resumen ejecutivo de las memorias que rinden los diversos órganos del Ministerio Público, en atención al artículo 3, de la Ley Orgánica que rige la institución (133-11).
Germán Brito recordó que dentro de las principales exigencias de la sociedad dominicana está el que se persiga con mayor énfasis la corrupción administrativa. En ese sentido, aseveró que nunca antes se había evidenciado una mayor determinación en garantizar que los bienes públicos no sean sustraídos del Estado y en que, de ser así, “los autores sean traducidos a la acción de la justicia sin privilegios” y, al mismo tiempo, “sin arbitrariedades o atropellos”.
Destacó que, en este contexto histórico, la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria a la hora de someter los casos.
Recordó que el Ministerio Público responde a un estatus de órgano constitucional autónomo o extrapoder, “pues cuenta con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten el autogobierno”.
Sin embargo, lamentó el hecho de que “el procurador general carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo, dependiendo de la buena voluntad de quien le nombra”, lo que calificó como una debilidad institucional de República Dominicana.
En cuanto a la gestión administrativa, resaltó el mejoramiento en la calidad del gasto, en los procesos de compras y contrataciones, así como en los controles presupuestarios.
Resaltó que el Consejo Superior del Ministerio Público institucionalizó el pago a todos los servidores de los bonos anual y vacacional, además de disponer de un reajuste salarial y la primera parte de una nueva política de compensación para los fiscales.
Además, que solo en 2021 los fiscales recibieron 102 formaciones correspondientes a programas especializados y continuos, siendo uno de los retos pendientes avanzar en capacitación vinculada al fortalecimiento de las destrezas operativas de los fiscales de cara al escalafón de carrera.
La procuradora general dijo estar consciente de las limitaciones económicas por las que atraviesa el país, pero confía en que la institución continuará recibiendo el apoyo necesario para impulsar la transformación que requiere la procuración de justicia conforme a las exigencias de la sociedad.
Germán Brito resaltó que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra al día en la presentación de los dictámenes ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Constitucional, “posibilitando la reducción de la mora judicial y permitiendo cumplir con el debido proceso y el plazo razonable”.
En el ámbito de la lucha contra la violencia en perjuicio de las mujeres, resaltó que su gestión apunta a establecer políticas uniformes y efectivas de atención y persecución, procurando no revictimizar.
“Como parte de la política criminal que persigue unificar criterios, fueron dictadas varias instrucciones generales, dentro de las que se encuentra la tipificación como acto de tortura y barbarie de las agresiones que involucran el uso de sustancias corrosivas (ácido del diablo)”.
La magistrada Germán Brito resaltó los cambios y avances introducidos por su gestión en el sistema penitenciario, aunque admitió que hay “mucho camino” por recorrer en los procesos de dignificación de las condiciones de las personas privadas de libertad.
En ese aspecto, advirtió que el hacinamiento de los centros penitenciarios es una responsabilidad compartida por diferentes organismos del Estado dominicano, lo que hace imprescindible que las instituciones del sistema penal aúnen esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación.
“El hacinamiento es una responsabilidad compartida. Si a una persona, por ejemplo, no le llega a tiempo la decisión sobre la medida de coerción, permanece ahí porque no hay una decisión, y también, habiendo esa decisión, tengo entendido que hay algunos retrasos que tienen su razón de ser en la dejadez interna”.
Desde el alcance del Ministerio Público, resaltó que, acorde con el reciente marco legal, su gestión trabaja progresivamente en la reestructuración de las áreas, de modo que instituyó una nueva dirección funcional integrada, en referencia a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, que permite fiscalizar los dos modelos que coexisten, en alusión al Modelo de Gestión Penitenciaria y el modelo tradicional.
“Lo más apropiado es que la dirección del sistema sea asumida por un organismo que no dependa del Ministerio Público, cuestión que debe ser considerada con prioridad en el marco de una mejora a la nueva legislación”, agregó.
En cuanto a las mejoras en las atenciones a quienes guardan prisión, la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito suscribió un acuerdo con los Comedores Económicos para suplir la comida de los internos, lo que le permitió aumentar la cantidad de raciones y la calidad de la comida. Solo la Penitenciaría de La Victoria, por ejemplo, se aumentó de dos mil a ocho mil raciones de alimentos de mejor calidad”, dijo.
“La institución ha cumplido con el pago del contrato con los Comedores Económicos, que asciende a un monto total de 1,431 millones de pesos”, apuntó.
