El órgano rector del Ministerio Público estableció, mediante resolución, que dispuso la anulación debido a las dificultades acaecidas durante la ejecución del concurso y que imposibilitan asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y la transparencia del proceso.
Con la decisión quedó sin efecto la Quinta Resolución de la Segunda Sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 30 de enero del año 2020, que autoriza su realización y la Tercera Resolución de su décima sesión de fecha 25 de junio del año 2020 que modifica las bases de dicho concurso.
Las plazas concursadas, unas 220 en total, correspondían a jurisdicciones como las de Azua, Barahona, Dajabón, Distrito Nacional, Duarte, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Las Matas de Farfán, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel.
El CSMP establece en la resolución que la recepción de expedientes se ejecutó en la sede de la Procuraduría General de la República en el período comprendido entre el 16 y el 20 de marzo, destacando que durante esa fase la COVID-19 era catalogada como una pandemia por los organismos internacionales.
Indica que posteriormente se procedió a declarar al país en estado de emergencia lo que dio lugar a que esta fase del concurso sufriera un impacto a partir del miércoles 18 de marzo en la tarde, fecha en que, debido al distanciamiento social dispuesto por las autoridades, se procedió a recibir los documentos vía ventanilla en el primer nivel del edificio sede de la Procuraduría General de la República.
La decisión del consejo, presidido por la procuradora general, Miriam Germán Brito, está contenida en la primera resolución del acta de su décima sexta sesión ordinaria, de fecha 21 de julio de 2021. La decisión fue aprobada a unanimidad por el órgano integrado además por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, la fiscal María Rosalba Díaz, y el fiscalizador Juan Gabriel Pereira.
Previo a la anulación del concurso, el Consejo Superior del Ministerio Público creó en enero pasado una comisión conformada por Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y miembro de ese alto órgano, y el director de la Unidad de Análisis Constitucional, a los fines de examinar y rendir un informe sobre el proceso llevado a cabo por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público con relación al concurso que fue suspendido en su tercera fase.
En ese sentido, destaca que como parte de los trabajos de esa comisión solicitó un informe a la rectora de la academia, Marien Montero Beard, sobre todo lo relativo a dicho concurso, el cual fue presentado en julio pasado al CSMP.
Anteriormente, en fecha 15 de abril del año 2021, el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público había aprobado solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público dejar sin efecto las resoluciones que dieron lugar al Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores.
