El Foro Feminista Magaly Pineda llamó a las y los legisladores a escuchar el claro reclamo de los más diversos sectores de la sociedad dominicana de que sean incorporadas las tres causales en el Código Penal.
«Mientras esperamos, continuamos poniendo en riesgo a niñas y mujeres, el momento es ahora», declaró.
Recordó que las tres causales son tres situaciones extremas, de vulneración de derechos fundamentales, en las que se debe permitir a la mujer y al personal médico la opción de interrumpir el embarazo, en caso de que así lo decida: cuando la vida de la niña o mujer está en riesgo, cuando el embarazo no tiene posibilidad de dar vida y cuando es resultado de violación o incesto.
Señaló que garantizar estas tres causales es un mandato constitucional, ya que la penalización absoluta es violatoria del derecho a la vida, a la salud y la dignidad humana.
«Ninguna mujer puede ser obligada a morir por un embarazo riesgoso, tampoco se le puede imponer llevar a término un embarazo producto de un crimen, la decisión en esos casos debe ser de la persona afectada», explicó.
Agregó que el carácter constitucional de la despenalización del aborto en tres causales también se apoya en el principio constitucional de la libertad, en tanto mandado al Estado de procurar por todas las vías posibles, incluida la adecuación de su marco normativo penal, para asegurar libertad de las personas en la toma decisiones sobre sus vidas y sobre sus cuerpos.
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«Con la incorporación de las tres causales reclamadas, el nuevo Código Penal estaría contribuyendo a la protección de estos principios constitucionales de derechos fundamentales», indicó.
Reiteró que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones para el cumplimiento de los servicios de salud que deban intervenir en protección de esas decisiones, incluyendo la protección y no la sanción, hacia el personal de salud a cargo de la atención de situaciones de emergencia, como lo son riesgo de vida por mantener un embarazo, cuando se trata de procesos no viables o cuando el embarazo es resultado de una violación sexual o incesto.
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Llamó a las y los legisladores de las diferentes fuerzas políticas con representación congresual, y en particular del PRM, a actuar a favor de los derechos y de la voluntad de la mayor parte de la ciudadanía.
Subrayó que por la vía de estas demandas, se procura garantizar que en situaciones particulares las mujeres tengan apoyo del Estado en decisiones trascendentes, superando trabas que solo tienen como base preceptos de fé, y no de derechos reconocidos por el Estado.
