La Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles, informó hoy el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Mediante un comunicado, el MP -que dirige la investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de Odebrecht en Venezuela- indicó que dicha medida de bloqueo fue solicitada por dos de sus fiscales ante el Tribunal 11 de Control del Área Metropolitana de Caracas, que finalmente tomó la decisión.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim) registró la noche del martes las oficinas de Odebrecht en Caracas, días después de que el presidente, Nicolás Maduro, y el Parlamento pidieran a la justicia investigar el caso.
La Fiscalía reiteró hoy que supervisó este procedimiento que buscaba, según dijo, “recabar elementos de interés criminalístico”.
“Dicha investigación está dirigida a esclarecer la situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de verificar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”, afirma el comunicado.
La Fiscalía reiteró que en enero solicitó una orden de aprehensión contra una persona -sin especificar su nombre- por estar presuntamente vinculada con el caso, y requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y extraditada al país caribeño.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas, según esos documentos de EE.UU.
Algunas de estas obras no han sido culminadas y el Gobierno venezolano anunció una nueva inyección de recursos y un plan para reactivar los trabajos con mano de obra local.
Con el fin de cruzar datos sobre este caso, la Procuraduría General de Brasil citó para el jueves a delegados de las Fiscalías de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
