Las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores, y la de Ministerio Público, de la Cámara de Diputados, escucharon la opinión del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dentro del proceso que iniciaron para modernizar unas 20 leyes, que contribuirán al desarrollo del país.
La jornada fue encabezada por los diputados Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia; y Víctor Suárez, de Relaciones Exteriores; quienes junto a otros miembros de las comisiones, analizaron con el procurador temas comunes dirigidos a prevenir y combatir el crimen, la corrupción y la modernización del Estado.
Merán explicó que se está haciendo un gran esfuerzo para cambiar una gran cantidad de leyes obsoletas, especialmente los códigos.
“Sigue siendo una verdadera vergüenza para la República Dominicana tener un Código Penal de 210 años, y ese anacronismo del sistema penal dominicano, la comisión de Justicia ha estado insistiendo desde hace más de seis años, en que podemos resolverlo”, expresó Merán.
Dijo que otra gran prioridad para el sistema de justicia dominicano es la implementación del Código de Procedimiento Penal.
Pidió al procurador su intervención para dotar al país de otros importantes códigos, como el civil, que ha sido favorecido con seis informes de la Comisión de Justicia y aprobado tres veces en la Cámara de Diputados, pero perime en el Senado.
Dijo que la misma suerte ha corrido el Código de Procedimiento Civil.
“Es una barbaridad que documentos que han sido trabajados por 15 años en el Congreso todavía no hayan sido puestos en vigencia”, manifestó el diputado.
Consideró que las autoridades y el Gobierno deben aprovechar la coyuntura de cooperación que existe actualmente en todos los sectores de la vida pública para la aprobación de esos códigos,
Aseguró que el único punto que les divide es el tema del aborto, pero que existe la disposición de buscar una salida al mismo.
De su lado, Suárez dijo que la comisión que preside tiene temas de interés común con la Procuraduría, como son los tratados de extradición y convenios internacionales de cumplimiento de penas, éstos últimos en lo relativo al cumplimiento de la condena en el país de origen de quien las comete o en donde se ha producido el delito.
“Este es un contacto de intercambio de ideas de cara a los ambiciosos planes que el Ministerio Público está trabajando para la persecución del crimen, el tema de la transparencia, la corrupción”, dijo.
El procurador
Mientras que procurador citó entre las legislaciones obsoletas el Código Penal, y la Ley de Lavado de Activos, ésta última, según dijo, es muy urgente para el país.
“Esta Ley de Lavado de Activos es urgente por muchísimas razones que incluyen que la República Dominicana es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que nos valora financieramente en materia de lavado, lo cual realizará el próximo año”, indicó.
Dijo que para que el país pase esa evaluación primero deben ser corregidas un gran número de leyes que “están muy viejas” y que se adecuan a los tiempos modernos, para evitar el lavado de activos.
“Si pasamos la evaluación, GAFILAT nos dará como país una calificación de cumplimiento o no y no tener esa calificación de cumplimiento significa que los indicadores macroeconómicos internacionales nuestros, nuestras calificaciones de riesgos, nos la van a bajar”, explicó el procurador.
Advirtió que si al país le bajan la calificación de riesgo significa “que los préstamos puentes que utiliza el sector financiero privado y el sector financiero público automáticamente nos suben las tasas de interés, viene la depreciación de la moneda, “entiéndase, una catástrofe financiera para nuestro país”.
Dijo que debido a la situación se creó la Unidad de Desarrollo Legislativo para trabajar con el congreso y tener leyes útiles, frescas y modernas.
