Por: Ramón V. Taveras Morillo, Coronel ERD., DEM.
Al hacer un análisis retrospectivo de la política de defensa de República Dominicana, nos podemos percatar, que ha experimentado varios cambios a lo largo de los años, en respuesta a los desafíos y circunstancias que ha enfrentado el país.
Durante los primeros años de la nación, la defensa se centró en la formación de un ejército nacional y en la protección de la soberanía recién adquirida, enfrentando amenazas externas y conflictos internos durante este período, lo que llevó a la necesidad de fortalecer su capacidad militar.
Ya para finales del siglo XIX y principios del XX, el país experimentó varias intervenciones extranjeras, principalmente por parte de Estados Unidos, durante este tiempo, se llevaron a cabo reformas en el sistema de defensa y se estableció una Guardia Nacional bajo la influencia de los norteamericanos.
Durante gran parte del siglo XX, estuvimos sometidos a varias dictaduras, dichos regímenes implementaron políticas de seguridad y defensa que se centraron en la represión interna y en la consolidación del poder, sin embargo, posteriormente surgieron movimientos progresistas que buscaban modernizar las fuerzas armadas y fortalecer la capacidad defensiva del país.
Es a partir de 1960, que en el país inicia un proceso de democratización, se empieza a promover la cooperación internacional en materia de defensa, especialmente con los Estados Unidos, exclusivamente en lo que respecta a la capacitación y apoyo logístico a las fuerzas armadas dominicanas.
Ya adentrándonos en el período actual, podemos decir, que nuestra política de defensa se basa en garantizar la seguridad y protección del territorio nacional, así como la defensa de los intereses y objetivos nacionales del país. Según el artículo 252 de la carta magna, esta política se establece y se lleva a cabo a través del Ministerio de Defensa, encargado de formular y ejecutar las políticas y estrategias de defensa.
El Ministerio de Defensa, tiene estructurado diferentes planes y estrategias de defensa que permiten una respuesta eficaz y eficiente ante posibles amenazas o situaciones de emergencia que puedan comprometer la seguridad territorial y de la ciudadanía.
Ahora bien, en términos de protección territorial la política de defensa implica varias acciones y medidas para salvaguardar nuestra integridad territorial, podemos subrayar que se realizan operativos de vigilancia y control en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para prevenir el ingreso de personas, mercancías o actividades ilícitas que puedan representar una amenaza a la seguridad y defensa nacional; al mismo tiempo, se construyen y mantienen infraestructuras de defensa, estas instalaciones militares están distribuidas estratégicamente en diferentes puntos del territorio, para asegurar una presencia militar adecuada, que pueda brindar una respuesta rápida y oportuna en caso de necesidad.
Además de esto, el Estado dominicano es signatario de varios acuerdos internacionales, con lo que busca fortalecer la cooperación y el intercambio de información con otros países y organizaciones en materia de defensa y seguridad en la región o global, de igual modo, promover la profesionalización de las fuerzas armadas, garantizando su capacitación y el equipamiento adecuado para cumplir con sus responsabilidades, esto de la mano, con la modernización de las capacidades militares, incluyendo la adquisición de tecnología avanzada para hacer frente a las amenazas actuales y futuras.
Es imperativo, señalar y dejar sentado en el designio de la sociedad dominicana (aunque esto resulte ser un tema espinoso en algunos sectores), que no hay nada más cierto que la defensa también incluye la protección de la población civil, garantizando la seguridad interna y combatiendo las nuevas amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de blanca, la ciberseguridad, entre otras.
Sin duda alguna, nuestra política de defensa en manos de las Fuerzas Armadas dominicana es sólida y garantiza la protección de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, lo que implica, que las acciones y decisiones tomadas en materia de defensa están en consonancia con los principios y valores democráticos, respetando los derechos humanos y evitando cualquier forma de abuso o violación de los mismos, así como, fortalece el estado de derecho al asegurar que las acciones del Estado estén sujetas a un marco legal y constitucional.
No es casual, que iniciáramos este breve análisis con la reflexión acertada de Maquiavelo, ya que somos de opinión, que la participación de los distintos sectores que integran la sociedad en asuntos relacionados con la seguridad y la defensa, promociona la educación y orientación de todos respecto a este tema; para ello, es importante crear más espacios de diálogo y consulta con la ciudadanía, así como, incentivar su integración en programas de reservistas o voluntariado en defensa, con el único objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad social hacia la defensa de nuestra indómita patria.
