SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sugirió este lunes que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) auxilie a la Cámara de Cuentas, verificando si el patrimonio declarado por funcionarios entrantes y salientes, se corresponde con el pago de las obligaciones tributarias, consistente en el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), Anticipo Renta Impuesto a la Renta Persona Física, según esa entidad esa colaboración permitiría que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, organismo especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, conforme la Ley 311-14, pueda realizar una labor eficiente.
“La verificación del origen de los bienes declarados, muchos de ellos sin el debido soporte, debe comprender, las últimas declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y exfuncionarios, cruzando informaciones con Impuestos Internos, así como las últimas transacciones mobiliarias realizadas por los mismos, tales como transacciones con vehículos de motor, productos financieros, acciones o cuotas sociales en los entes societarios que contempla la ley, incluyendo las Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, EIRL, como en la Jurisdicción Inmobiliaria, las últimas transacciones con bienes inmuebles que hayan realizado, que comprenda el patrimonio del cónyuge, casados fuera del régimen de comunidad de bienes, además del patrimonio de los padres, hermanos y de los hijos mayores de edad”, acotó la presidenta de la organización Evelyn De la Cruz García.
Para De la Cruz García “Desde la entrada en vigencia de la ley, el órgano responsable de su implementación, no ha dado señales de ser efectiva, llegando al extremo de dar a conocer que más de tres mil servidores obligados, no presentaron declaración jurada, ni a la entrada al cargo ni a la salida, sin que se conozca a la fecha, que se haya procesado judicialmente, como establece la norma, así como la falta de comprobación de la licitud de los bienes declarados, lo que ha puesto en evidencia, la incapacidad del órgano del control externo del gasto de los fondos públicos, aumentando la percepción de la corrupción y falta de transparencia en la administración del Estado”.
