Namphi Rodríguez, representante legal de la organización no gubernamental, indicó mediante acto de alguacil al IDAC que han podido “comprobar que en los terrenos donde se pretende desarrollar el proyecto declarado lesivo se han continuado realizando labores tales como movimientos de tierra y excavaciones”.
A juicio del jurista, tales actuaciones constituyen un desacato a las sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que dispusieron de hecho la suspensión de las obras del AIB y a las regulaciones municipales que exigen un permiso de uso de suelo para efectuar construcciones.
En el acto se requiere del IDAC que garantice “el inmediato y expreso cumplimiento de la sentencia que ratifica la declaratoria de lesividad del AIB e inicie “las debidas acciones para que las instituciones competentes y relacionadas se ocupen de que los procedimientos de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios sean observadas”.
El 23 de septiembre del 2021, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró, por sentencia 0030-03, lesivo al interés público el proyecto de construcción del pretendido aeropuerto en Bávaro autorizado por el expresidente Danilo Medina mediante decreto 270-20, emitido, emitido en julio de ese año, durante la transición y a escasos días antes de abandonar el poder.
En su sentencia, el TSA juzgó que con la autorización se violaron las normas legales y constitucionales del debido proceso administrativo para el otorgamiento de un título de esa naturaleza.
La declaración de lesividad se hizo a instancia del IDAC, el cual cuestionó severamente ante el TSA el proceder de las pasadas autoridades de la institución al otorgar un título habilitante con escasa transparencia y sin el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos.
La demanda del IDAC fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil como Alianza Ciudadana y Justicia y Transparencia, que aportaron pruebas al tribunal de las violaciones del procedimiento utilizado por el expresidente Medina para la autorización del nuevo aeropuerto.
En declaraciones públicas, Namphi indicó que luego de la primera sentencia del TSA sobrevinieron dos fallos más en los que se ratifica que el otorgamiento de la autorización contraviene el orden jurídico.
“Todas las autorizaciones y permisos para ese aeropuerto han sido declarados nulos por el TSA, por lo que no hay fundamento legal para iniciar una obra de esa magnitud sin su permisología legal y reglamentaria”, concluyó Rodríguez.
