Por; Jory Lopez, Politólogo.
Antes de que me caigan arriba, lo digo claro: no pretendo defender la delincuencia. Conozco a profundidad el problema estructural de la criminalidad y la inseguridad ciudadana que afecta a la sociedad dominicana. Quien infringe la ley debe responder por ello, pero debe hacerlo ante un tribunal, con las garantías del debido proceso, y no ejecutado en un callejón con diez disparos bajo la justificación del llamado “código 29”.
Ese código se nos ha metido en la cabeza. En la Policía significa “fallecido”; en la calle, en cambio, ya se interpreta como una especie de “carta blanca”. Y lo que más me llama la atención es que sectores llamados precisamente a defender el orden constitucional como comunicadores, juristas y otros actores sociales estén apoyando y legitimando este tipo de prácticas, arrastrados por la ola del clamor social.
Si de verdad esa política policial resuelve algo, vamos a medir a todos con la misma vara.
Empecemos, entonces, por aplicárselo a los políticos corruptos que no resisten una auditoría. El perjuicio que causan puede ser mucho mayor que el de un delincuente común. Según estimaciones atribuidas a Oxfam, en el país se pierden cada año entre RD51,000 millones como consecuencia de la corrupción.
Y ahí está la dimensión real del problema: un atraco perjudica directamente a una o varias personas; la corrupción nos roba a todos al mismo tiempo. Nos roba el hospital que no se equipa, la escuela que no se mejora y la calle que no se construye. Su impacto no siempre se ve de inmediato, pero termina afectando derechos, servicios públicos y calidad de vida.
Apliquémoselo también a los motoristas. Lo digo con pesar, pero basta mirar las cifras del INTRANT y de la ONE: el país registra cerca de 3,000 muertes al año por accidentes de tránsito, y entre el 70 % y el 71 % de ellas corresponden a motoristas. Si se suman motoristas y peatones, representan más del 80 % de las muertes viales.
Entonces, ¿conducir sin luces, sin casco, bajo los efectos del alcohol o realizando maniobras temerarias no puede verse como una simple imprudencia? Son conductas que ponen en riesgo no solo la vida de quien las comete, sino también la de los demás. Y si de lo que estamos hablando es de proteger la vida, también debemos ser coherentes al señalar estas prácticas.
Y apliquémoselo también a esos choferes de guagua que conducen bajo los efectos de drogas. Esto no es un problema nuevo. Ya en 2007, el propio Antonio Marte, presidente de Conatra, admitía que el 20 % de 1,000 choferes examinados habían dado positivo a cocaína y otras sustancias.
Casi veinte años después, el problema persiste. En un operativo sorpresa realizado entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, de 545 choferes de Conatra, Fenatrano y distintas rutas del Sur sometidos a pruebas de dopaje, 17 dieron positivo a sustancias ilícitas: 8 en las paradas del Sur, 6 en San Cristóbal y 3 en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.
Cuando el operativo se amplió hasta julio de 2025, fueron evaluados 2,456 conductores 1,680 de guaguas urbanas e interurbanas, 520 motoristas y 256 conductores de vehículos de carga, y la cifra de positivos ascendió a 37. Más recientemente, durante el operativo navideño “Conciencia por la Vida 2025-2026”, de 321 pruebas realizadas, otros 6 choferes dieron positivo y fueron retirados de circulación.
Entonces, si el criterio para justificar un “29” es que una persona pone en riesgo la vida de los demás, cabe preguntarse: ¿qué hacemos con quien conduce bajo los efectos de drogas mientras lleva a 30, 40 o hasta 60 pasajeros? El peligro no es menor; por el contrario, se multiplica. Fuentes: INTRANT, notas de prensa de marzo y julio de 2025; COE, operativo “Conciencia por la Vida 2025-2026”; Listín Diario, 2007, sobre declaraciones de Antonio Marte.
Y ya que estamos hablando del “29”, apliquémoselo también a los feminicidas. Ahí sí nadie pide el 29, ¿verdad? Y estamos hablando de una de las expresiones más brutales de la violencia.
Según la Procuraduría General de la República, el país cerró 2024 con 71 feminicidios y 2025 con 59, lo que representó una reducción del 17 %. Sin embargo, solo en el primer trimestre de 2026 ya se habían registrado 22 mujeres asesinadas.
Y hay un dato todavía más grave: según el Ministerio de Interior y Policía, el 87 % de esas víctimas nunca había denunciado antes del crimen, muchas veces porque no confían en el sistema, porque sienten que no serán protegidas o porque simplemente no tienen a dónde ir. De las 30 mujeres asesinadas contabilizadas en el corte de este año, solo 4 habían presentado una denuncia previa.
Entonces, si el criterio para hablar del “29” es el daño causado, la alevosía y el desprecio por la vida ajena, la pregunta también cabe aquí: ¿por qué con ellos no? Fuentes: Procuraduría General de la República, Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, enero-marzo de 2026, y Radiografía 2015-2025; Ministerio de Interior y Policía, noviembre de 2025.
Y, sobre todo, apliquemos el 29 dentro de la propia Policía, porque se ha denunciado reiteradamente la participación de agentes activos o retirados en atracos. ¿Y los fiscales y jueces que venden expedientes? ¿Para ellos no hay código?
Suena feo, ¿verdad? Pues igual de feo suena cuando lo pedimos solo para el delincuente.
Nuestra Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. No dice “inviolable si no tiene ficha”. Establece que nadie puede ser privado de su libertad sin una orden de un juez, salvo en caso de flagrante delito, y mucho menos ejecutado sin juicio.
También reconoce el derecho de toda persona a defenderse y a ser juzgada conforme al debido proceso. La Policía no está para matar; está para prevenir, apresar cuando corresponda y poner a las personas a disposición de la justicia.
Ese límite no es una debilidad del Estado. Es precisamente lo que diferencia a un Estado de derecho de la justicia por mano propia.
¿Cómo vamos a darle permiso para matar a una institución que el propio Gobierno está reformando? No tiene lógica.
Matar delincuentes no acaba con la delincuencia. Si así fuera, seríamos Suiza. Llevamos años matando gente en supuestos intercambios de disparos, y cada día hay más robos. Lo que acaba con esto es otra cosa: escuela, trabajo, una justicia que no se venda y una Policía que investigue de verdad.
Si usted es de los que aplauden el 29, por lo menos pídalo para todos. O mejor aún, pida lo que dice la ley: justicia, no venganza.
